La pandemia generada por el virus que causa el COVID-19 ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, a nivel mundial y regional, por ello, el desarrollo, junto con la aprobación, fabricación y distribución de vacunas seguras y efectivas son pasos determinantes para:
i) enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia;
ii) disminuir la sobrecarga de los sistemas de salud, y
iii) mitigar los efectos de las medidas de salud pública que han sido implementadas para contener el contagio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se mantiene firme en su compromiso de permanecer vigilantes y actuantes para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales de garantizar, a todo el pueblo, el derecho a la salud, el acceso universal y gratuito, de conformidad con la Política Nacional de Vacunación Contra el Virus SARS-CoV-2, Para la Prevención de la Covid-19 en México.
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Pero por otro lado, ha surgido una controversia sobre los riesgos de la vacunación y su obligatoriedad, poniendo a muchas personas en ese dilema para aceptarla o no.
¿La aplicación de la vacuna contra Covid-19 es voluntaria u obligatoria?
La voluntariedad de la vacunación abre numerosas interrogantes sobre los derechos y obligaciones de empresas y trabajadores y de cómo afrontar decisiones de selección, contratación, promoción o desvinculación de trabajadores que puedan acreditar o no la prueba de la vacunación.
En este sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señala que las decisiones sobre aprobación, adquisición, distribución y acceso que adopten todos los Estados de las Américas deben estar informadas y regidas por sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, según corresponda, bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
Igualmente, deben estar regidas desde un enfoque de salud pública y basadas en la mejor evidencia científica disponible.
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En la Resolución ‘Las vacunas contra el Covid-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos’ de la CIDH, se subraya que el objetivo es contribuir a que los Estados asuman el alcance de sus obligaciones internacionales en el contexto de las decisiones sobre vacunación, a fin de garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la salud y a la vida.
Para tales efectos, brinda recomendaciones puntuales basadas en los principios de igualdad y no discriminación, dignidad humana, consentimiento informado, transparencia, acceso a la información, cooperación y solidaridad internacional.
Libertad para decidir vacunarse o no contra Covid-19
Tres expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que las personas deben tener a su disponibilidad toda la información sobre las vacunas para protegerse del COVID-19 y tener la libertad de tomar una decisión sobre inmunizarse o no, a menos que se encuentren en circunstancias muy específicas.
“Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los Gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas. Pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice. Estaremos mucho mejor presentándole a las personas los datos, los beneficios y dejar que ellos decidan por sí mismos”, aseguró el director de emergencias, Michael Ryan.
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Y agregó que sin embargo es necesario tener en cuenta que habrá ciertas circunstancias en donde la “única decisión correcta es vacunarse”.
La doctora Katherine O’Brien, otra especialista de la OMS, explicó que la obligatoriedad se podría aplicar en el caso de algunos trabajadores de salud.
“Puede ser que haya algunos países o situaciones en países donde haya circunstancias profesionales donde sea requerida la vacuna, o sea altamente recomendada. Nos podemos imaginar ciertas profesiones en hospitales como los técnicos respiratorios, y los médicos y enfermeras en unidades de cuidados intensivos donde habrá una recomendación muy clara de que se vacunen para proteger a los trabajadores y a los pacientes”, dijo.
La vacunación es una decisión personal
Michael Ryan considera necesario que cada persona se cuestione sobre la responsabilidad individual versus los requerimientos de la ley.
“Lo que como individuos podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a las personas a nuestro alrededor. Si vivo solo en una isla desierta probablemente no necesite la vacuna, no lo sé. Pero si voy a visitar a mi abuela en un hogar de ancianos, ¿sería responsable de mi parte ir allá donde hay muchas personas mayores sin estar vacunado? Tenemos que hacernos esas preguntas, cuando lo hacemos aparecen las respuestas correctas, y evitamos preguntas sobre la ley y una naturaleza obligatoria de las vacunas”, recalcó Ryan.
Ryan afirmó que él y sus colegas coinciden en que la gran mayoría de las personas en el mundo quieren la vacuna, que se trata de una potencial victoria de salud mundial.
“La gente está exigiendo estas vacunas. La gente las quiere distribuidas de manera cuidadosa y segura y todos en la OMS estamos trabajando muy duro para que eso suceda alrededor del mundo y para darle a las personas las garantías necesarias”, explicó.
El experto resaltó que la historia de las vacunas es una historia de buenas noticias, es la victoria de los humanos contra un enemigo microscópico.
“Tenemos que incluir a las personas en este camino, pero no deberíamos necesariamente concentrarnos en los aspectos negativos”, añadió.
Durante su conferencia de prensa de este 3 de agosto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que envió a la CNDH, un oficio para preguntar si la vacuna contra el Covid-19, es una obligación o un derecho.
